Posición de AADER frente a la eliminación de la Secretaría de Agricultura Familiar
El 2 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto 302/17, con la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, que establece un nuevo organigrama para la cartera de Agroindustria. El cambio más importante, sino el único, es la eliminación de la Secretaría de Agricultura Familiar, que pasa a fusionarse con la de Coordinación y Desarrollo Territorial.
No podemos dejar de inquietarnos por el futuro laboral de la estructura organizada a partir de equipos técnicos territoriales, en muchos casos interdisciplinarios, distribuidos en todo el país que alcanza los 1300 profesionales, quienes ya desde hace tiempo denunciaban dificultades en la asignación de fondos que garantizaran los materiales e insumos necesarios para la intervención de los equipos técnicos en los territorios, tales como fondos para: movilidad, realización de talleres y cursos de formación, desarrollo de parcelas experimentales, intercambio de experiencias, visitas a las chacras, como así también, falta de espacio físico para las tareas de gabinete, o la posibilidad de generar los mecanismos necesarios para facilitar la articulación de las acciones en los diferentes niveles de intervención.
No menos preocupante es el futuro de los 252.000 agricultores familiares que representan el 71% del total de productores del sector agropecuario, producen el 20 % del Valor Bruto de Producción y ocupan el 53 por ciento del empleo rural. Sobre todo en las economías regionales, donde representan más el 80% de las unidades de producción de tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar, mandioca, batata y papa entre otras producciones.
El nuevo Decreto 302/17, no hace ninguna menciòn al Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena creado por Resolución Nº 571/2014 como espacio de participación y articulación institucional entre el Ministerio y las organizaciones de alcance nacional representativas del sector. Este cuerpo estaba integrado por 13 organizaciones campesinas e indígenas, que junto a representantes del Ministerio de Agroindustria, INTA y SENASA, asesoraban a la Secretaría de Agricultura Familiar sobre la aplicación de políticas públicas para el sector.
En la nueva estructura, dentro de sus funciones se omite cualquier vínculo con la aplicación de la Ley 27118 de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”, que debería ser su ámbito natural de aplicación, desconociendo lo que la Ley indica en el Título V referente al desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación. En particular en el artículo 23 donde el establece que Ministerio sustentará el asesoramiento técnico y el aporte de materiales e insumos.
En el mismo sentido, los objetivos establecidos en la nueva estructura se limitan a diseñar, proponer y coordinar la ejecución de políticas, omitiendo deliberadamente la ejecución de las mismas. De esta manera, podría abandonarse la acción directa en el territorio que venía llevándose a cabo desde hace casi 25 años con equipos técnicos altamente especializados en el trabajo con agricultores familiares. Recordemos que la Secretaria surge a partir del “conflicto del campo” del 2008 y representa la continuidad del Programa Social Agropecuario surgido en 1993.
Según trascendió en algunos medios, luego desmentido por las autoridades del INTA y el Ministerio, las acciones podrían ser asignadas al INTA a través de Cambio Rural y Pro Huerta. Si bien valoramos la trayectoria de estos programas, las políticas dirigidas a la Agricultura Familiar deben incluir temáticas que van más allá de los aspectos técnicos abordados por el INTA, tales como el acceso a derechos constitucionales específicos de los agricultores familiares, en donde la Asistencia Técnica debe participar de forma transversal a otras políticas públicas tales como la facilitación del comercio, políticas fundiarias, acceso a la tierra, políticas de equidad de género, gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, juventud rural y registros de la Agricultura Familiar, entre otras cuestiones relevantes.
También resulta altamente preocupante que el Ministerio de Agroindustria siga demorando la promulgación de la reglamentación de la Ley de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014 y que contaba con 180 días para ser reglamentada. Esta demora se fundamenta en razones políticas y presupuestarias, ya que si bien la norma se encuentra redactada, la reglamentación debería establecer la asignación de un presupuesto de 1.500 millones de pesos para la ejecución de políticas específicas para el sector.
Por los fundamentos expuestos, rechazamos la decisión de eliminar la Secretaría de Agricultura Familiar, por tratarse de una medida absolutamente inconsulta, que sólo responde a recortes presupuestarios impuestos por el Ministerio de la Modernización del Estado, desconociendo la problemática de la Agricultura Familiar y su aporte a la seguridad y soberanía alimentaria del país, a la conservación y sustentabilidad de los recursos naturales y a la construcción social, productiva y económica de los territorios donde los agricultores familiares viven.
